Sociedad Civil Panameña rechaza propuesta de reapertura minera 6c335

Diversas organizaciones y ciudadanos en Panamá exigen al gobierno respetar el fallo judicial que anula el contrato con Minera Panamá S.A. 223o2r

(6/Jun/2024 – web) Panamá.- Organizaciones de la sociedad civil panameña y ciudadanos preocupados por el bienestar de Panamá y su desarrollo sostenible han compartido un comunicado en el que exponen sus consideraciones sobre el cierre y restauración de la explotación minera de Donoso. Esto deriva del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre de 2023, que anuló el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals Ltd. de Canadá. 5k3j4d

Estas organizaciones y ciudadanos rechazan el incumplimiento por parte de la istración del presidente Laurentino Cortizo de las obligaciones emanadas de la decisión de la Corte Suprema. Critican que el gobierno ha dilatado la adopción de medidas necesarias para defender los intereses del país ante los procesos arbitrales internacionales derivados de las pretensiones de la empresa minera. Además, no se han ejecutado las acciones para realizar el cierre y restauración de la mina de Donoso.

Según los manifestantes, el gobierno ha dilatado la adopción de las medidas necesarias para la mejor defensa de los intereses del país ante los procesos arbitrales internacionales derivados de las pretensiones de la empresa minera y sus intereses. A la fecha, no se han realizado las auditorías ambientales, financieras, sociales y económicas para determinar las afectaciones sufridas por el país. Tampoco se conoce el inventario de activos que establezca la cuantía del patrimonio de la nación de cara a la recuperación y restauración ambiental de los daños perpetrados.

Les preocupa la narrativa pública que sugiere reabrir la mina para financiar su cierre, o que se acepte la operación minera continua por las autoridades del gobierno entrante bajo el argumento de que el daño ambiental existente justifica su continuidad. Consideran que la explotación minera no puede ser reabierta para luego ser cerrada, ya que esto infringiría la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que impuso una moratoria indefinida a la minería metálica en Panamá. Reabrir la mina de Donoso sería una afrenta al estado de derecho y a la seguridad jurídica, incumpliendo el fallo de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023.

En este contexto, el comunicado señala que el Estado panameño está en mora con respecto a la defensa de los intereses nacionales. No se han realizado auditorías ambientales, financieras, sociales y económicas para determinar las afectaciones sufridas por el país, ni se ha establecido un inventario de activos que cuantifique el patrimonio nacional para la recuperación y restauración ambiental.

Dentro del marco constitucional y legal vigente, no es posible renegociar con First Quantum Minerals Ltd., ya que la Corte Suprema de Justicia expresó que no hubo licitación pública para la concesión. La empresa no tiene capacidad como parte negociadora con el Estado panameño, ya que el contrato minero estaba redactado como un acuerdo entre particulares.

«El nuevo gobierno debe acatar lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia con referencia al contrato minero, así como lo aprobado por la Asamblea Nacional en la Ley 407 de 2023 de moratoria indefinida a la minería metálica en todo el país, y atender la voluntad de los panameños y panameñas expresada pacíficamente a nivel nacional en octubre y noviembre de 2023. Exhortamos a las nuevas autoridades a tomar sus decisiones con la mejor evidencia cientìfica incluyendo los estudios de capacidad de carga y vulnerabilidad ecosistémica de Panamá, que evidencian que la actividad minera metálica en el país, es una industria inviable social, ambiental y económicamente», precisan las organizaciones sociales y ciudadanos firmantes del comunicado.

También señalan que el fallo de la Corte Suprema no solo declaró la inconstitucionalidad del contrato con First Quantum, sino que también afirmó que este sobrepuso el interés particular sobre los derechos fundamentales de la población y el interés público, estipulando cláusulas exorbitantes a favor de la empresa. Esto evidenció la participación dolosa o negligente de servidores públicos tanto en la elaboración como en la aprobación del contrato. Además, el fallo señaló la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente. No ha habido procesos judiciales, istrativos o disciplinarios, ni rendición de cuentas por estos actos. Se espera que el nuevo gobierno realice las investigaciones pertinentes y deslinde responsabilidades.

Exhortan al nuevo Ministro de Ambiente debe divulgar públicamente todos los incumplimientos ambientales de la empresa minera durante sus operaciones, conforme al Acuerdo de Escazú y la Ley de Transparencia y a la Información Pública. Es urgente para construir la confianza que requiere el nuevo gobierno.

Al respecto, las organizaciones y ciudadanos demandan: 3d714b

1. Cumplimiento de Fallos Judiciales: El nuevo gobierno debe acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y la Ley 407 de 2023. Esto incluye la prohibición de reabrir la mina de Donoso, respetando así el estado de derecho y la seguridad jurídica.

2. Auditorías Completas: Se deben realizar auditorías ambientales, financieras, sociales y económicas para determinar las afectaciones sufridas por el país. Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna auditoría ni se ha establecido un inventario de activos que cuantifique el patrimonio nacional para la recuperación y restauración ambiental.

3. Investigaciones y Responsabilidades: Se deben investigar actos de negligencia y corrupción por parte de funcionarios públicos en la elaboración y aprobación del contrato con First Quantum. Además, se debe responsabilizar a quienes participaron en estos actos, asegurando transparencia y rendición de cuentas.

4. Divulgación de Incumplimientos: El nuevo Ministro de Ambiente debe divulgar públicamente todos los incumplimientos ambientales de la empresa minera durante sus operaciones, conforme al Acuerdo de Escazú y la Ley de Transparencia y a la Información Pública. Esto es crucial para construir la confianza en el nuevo gobierno.

Estas demandas buscan asegurar un futuro sostenible y justo para Panamá, protegiendo tanto el medio ambiente como los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Proponen que, bajo el marco de los acuerdos ambientales de los que la República de Panamá es parte, así como de su propia legislación ambiental, el nuevo gobierno haga las gestiones necesarias para acceder a los financiamientos verdes, que en paralelo al cierre de la mina, sirvan para iniciar el proceso de restauración ambiental del área impactada y se promuevan actividades económicas sostenibles en favor de las comunidades y las familias más afectadas por la mina y por su cierre.

Suscriben el documento 2y6i2n

Organizaciones: 55d26

• Alianza para la Conservación y el Desarrollo – ACD

• Asociación Adopta Bosque

• Colectivo Bayano

• Fundación Rescate de Alimentos

• Fundación Panamá Sostenible

• Fundación Promar

• Fundación San José Verde – FUSAVE

• Movimiento Vigilia Nueva Soberanía

Ciudadanos: e5m2d

• Juan Carlos Monterrey – Economista

• Rodrigo Noriega – Abogado

• Helga Barría – Psicóloga

• Martita Cornejo – Abogada

• Camila Aybar – Comunicadora

• Juan Jované – Economista